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El tema de la votación electrónica comienza a sonar nuevamente en el debate político de nuestro país. De prosperar la discusión, toda decisión respecto a su implementación implicará sin duda a los expertos en desarrollo y medición de calidad de software de nuestro país. Adelantánadonos a los hechos, analicemos brevemente lo que esto significaría para nuestra sociedad.
Contrario a lo que muchos esperarían, los promotores de la concientización en seguridad en cómputo somos los primeros en recalcar que los fallos –conceptuales y de implementación– hacen que las estaciones computarizadas de emisión y contabilización de votos sean, desde su planteamiento, una causa perdida. Ninguna de las numerosas implementaciones a la fecha han salido airosas ante el escrutinio de expertos en seguridad; muy por el contrario, empresas del tamaño de Sequoia o Diebold, las principales proveedoras de estaciones de voto, han llegado a amenazar a investigadores para evitar que publiquen sus resultados.
Diversos argumentos han sido esgrimidos a favor del voto electrónico, pero pueden ser resumidos en tres:
- Disminución de costos. Un adecuado proceso democrático es caro. La papelería electoral debe ser impresa con candados suficientes para asegurar su unicidad, deben proveerse mecanismos para garantizar que sólo los electores autorizados emitan su voto, y debe haber garantías de no manipulación para todos los componentes involucrados en el proceso. La automatización del proceso ayudaría a implementar estos candados a un menor costo.
- Agilidad en la obtención de resultados. No hay nada que genere mayor falta de confianza y suspicacia en los procesos que una demora en la publicación de los resultados. Se ha argumentado que a través del voto electrónico, los resultados pueden ser anunciados prácticamente de inmediato tras haberse cerrado la casilla.
- Confiabilidad de los actores. La experiencia de muchos países en torno a los fraudes electorales apunta dolorosamente a la falta de integridad de los actores involucrados en el proceso — Personas susceptibles a la compra de conciencias, a la extorsión, o directamente a la violencia física; si todo el proceso es controlado por computadoras, éstos factores deberían perder peso.
A continuación analicemos por qué los tres argumentos caen por su propio peso.
Agilidad en la obtención de resultados
La sociedad actual vive obsesionada con la velocidad del acceso a la información. Los medios electrónicos de comunicación y el uso de Internet nos han acostumbrado a que la información debe estar disponible tan pronto ocurren los hechos, siendo cualquier demora excesiva. Todos los sistemas electorales reconocen que, para no alterar los resultados de una elección en proceso, no deben darse a conocer sus resultados parciales hasta que haya cerrado la última de las urnas. Sin embargo, una vez que ésta cierra, siempre hay un periodo de un par de horas en que es necesario esperar a que las autoridades electorales recopilen la información generada por decenas de miles de casillas para poder dar a conocer los resultados.
Además del apetito por la información expedita, la necesidad de tener los resultados de inmediato viene de los ocultamientos de información que tantas veces vimos en el pasado. Ejemplo de esto son las declaraciones que hizo –veinte años tarde– Manuel Bartlett Díaz, presidente de la Comisión Federal Electoral durante las elecciones de 1988: La decisión de no dar datos preliminares fue tomada por el presidente de la Madrid, dado que “si se oficializaba en ese momento –con datos parciales– que Cárdenas iba ganando, al final nadie aceptaría un resultado distinto.”
La situación ha cambiado radicalmente desde entonces. La población hoy comprende y acepta que, para evitar una demora cercana a una semana, el Instituto Federal Electoral y las autoridades correspondientes publican los resultados de encuestas, conteos y PREP típicamente dentro de las dos primeras horas tras haber concluído la votación, siempre que haya suficiente márgen estadístico para no causar confusión, pero que estos datos son extraoficiales.
Son sólo este par de horas el que ganaríamos con urnas electrónicas. El tiempo invertido por los funcionarios electorales en cada casilla en el conteo de votos emitidos es sólo una fracción del dedicado a las tareas de verificación y protocolización que deben llevarse a cabo antes de declarar concluída una elección.
Sumando ésto a que –por consideraciones de seguridad– las estaciones de voto nunca deben contar con conectividad a red (además de que ni los países más industrializados cuentan con una cobertura de Internet del 100% de su territorio), debe haber forzosamente un paso manual de comunicación de resultados al centro de control de la autoridad electoral, el argumento de reducción de tiempos queda descartado.
Confiabilidad de los actores
Algunos proponentes del voto electrónico mencionan que, con el voto tradicional en papel, los fraudes siempre han existido, y que hacerlo electrónico no agrava los riesgos — Sin embargo, al implementar el voto puramente electrónico estaríamos aumentando la profundidad a la que podrían llegar, e imposibilitando cualquier acción de auditoría o rendición de cuentas. El proceso electoral es, por excelencia, el que mayor auditabilidad demanda en una sociedad democrática. Como profesionales del desarrollo, estarán de acuerdo conmigo en la imposibilidad de demostrar que una base de código suficientemente grande está completamente libre de fallos, incluso teniendo a un equipo altamente especializado.
Además, verificar un determinado código fuente no garantiza que el sistema desplegado sea efectivamente resultado del programa analizado. Más aún, una sociedad democrática debe garantizar que cualquier ciudadano interesado pueda constatar el correcto conteo de votos. A fin de cuentas, ¿por qué el ciudadano promedio debe confiar en estos especialistas? Este argumento fue clave para la resolución adoptada en marzo del 2009 por la Corte Suprema de Alemania, declarando anticonstitucional las votaciones electrónicas porque (cito) «(...)excluye del control público a componentes centrales de la elección, y por tanto no alcanza a satisfacer las exigencias constitucionales».
Disminución de costos
Los candados para asegurar elecciones son muy caros — y el caso de México es extremo: es el sistema electoral más caro de América Latina;
cada sufragio emitido en las elecciones intermedias del 2009 tuvo un costo superior a los 17 dólares, aunque hay estimaciones que lo ubican en hasta 50 dólares, tomando en cuenta gastos ocultos.
Un rubro en el que sin duda podrían presentarse importantes ahorros es en la generación, manejo y custodia del material electoral. Sin embargo, estudios realizados sobre las estaciones de votación Diebold (responsables de la recopilación del 10% de los votos en los Estados Unidos),muestran que estas máquinas presentan un nivel de confiabilidad ante ataques verdaderamente bajo, y permiten —con un tiempo mínimo de acceso— la reprogramación resultando en resultados fraudulentos que serían prácticamente imposibles de lograr en una elección tradicional sin recurrir a métodos violentos.
Los expertos coinciden en que la única manera de que un sistema electrónico sea confiable es si genera un rastro impreso verificado por cada votante. La única garantía que un votante puede tener de que su voto fue registrado correctamente es que el sistema genere una boleta impresa y de carácter irrevocable, misma que sea verificada por el votante al instante, y se convierte en el documento probatorio de la elección. No hay manera de que el estado interno de una computadora sea suficientemente confiable y duradero para que lo consideremos evidencia electoral.
Llegamos entonces a una contradicción: El equipo de votación no es barato, en términos absolutos. Su adquisición por parte de un gobierno podría justificarse si se plantea prorratear a lo largo de varias elecciones — pero debe estar sujeto a una estricta vigilancia contínua, incluso en los periodos en que no será utilizado. Debe recibir mantenimiento, y debe abastecerse de insumos, para asegurar un rastro impreso verificado.
Además, en caso de sufrir un desperfecto, todas las casillas deben tener un plan de respaldo: Casi indefectiblemente, esto significaría tener papelería tradicional además del sistema electrónico. Por tanto, el supuesto ahorro puede volverse en contra nuestra, convirtiéndose en un gasto mucho mayor al que implican las votaciones tradicionales
Conclusiones
El que seamos entusiastas de la programación y de la mejoría de procesos no debe cegarnos ante los graves peligros que implica para toda la sociedad adoptar un esquema de votaciones electrónicas. Estos puntos, y muchos otros, han llevado a que muchas democracias bien instituídas y respetadas repudien a las urnas electrónicas. No permitamos que, una vez más, supuestos expertos vengan cambiarnos nuestro oro por espejitos. La democracia en nuestro país es jóven y aún muy débil, y migrar a un esquema de urnas electrónicas, más que aumentar la confiabilidad, no lograría más que perpetuar nuestra triste historia de fraudes.
Si quieres leer más al respecto, la versión extendida de este texto se encuentra disponible en http://gwolf.org/content/voto-electronico
Referencias
- F. Heinz, “¿El voto electrónico mejora la democracia?”, Fundación Via Libre. http://bit.ly/sg27r1
- A. Feldman, A. Halderman & E. Felten, “Security Analysis of the Diebold AccuVote-TS Voting Machine”, Center for Information Technology Policy Princeton University. http://bit.ly/sg27r2
Gunnar Wolf es administrador de sistemas para el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y desarrollador del proyecto Debian GNU/Linux. www.gwolf.org
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